martes, 23 de marzo de 2010

23 de marzo: ¡a inundar correos de Romano, López, Petra y Bento, contra la impunidad de represores en Mendoza!


Queridos amigos, los organismos de Derechos Humanos de Mendoza necesitamos su ayuda y la de todos sus contactos, sobre todo si esos contactos son de otras provincias y del exterior. El día 23 los correos que figuran abajo deben recibir miles y miles de mails; más abajo encontraran el por qué necesitamos saturarles las casillas a los jueces.

El 11 de marzo de este año debió ser el día en que comenzaran los juicios en Mendoza contra los genocidas. No sucedió porque la complicidad de la Justicia con la dictadura quedó una vez más a la vista.

Hemos decidido hacerles llegar a todos nuestros amigos estos documentos que explican someramente la situación para que ustedes comprendan cómo estamos. El pedido que les hacemos es que el 23 de marzo envíen sin falta a los siguientes correos el texto que proponemos. Necesitamos que desde todas partes del mundo les hagan saber a los jueces que están siendo observados y que Mendoza reclama ¡Justicia ya!

Enviar a: otilio.romano@pjn.gov.arp
alfredo.lopez@pjn.gov.ar
julio.petra@pjn.gov.ar
walter.bento@pjn.gov.ar

Texto: A 34 años del genocidio nos sumamos y solidarizamos con quienes reclaman ¡Justicia Ya en Mendoza!

Se pide reenviar a amigos personales, a los organismos, asociaciones, etc. este reclamo de justicia, solicitándoles que todos se dirijan a los correos de estos jueces.

Estamos tod@s convocad@s a la Marcha del 24 de marzo a partir de las 18.30 en el Km0 que concluirá frente a Tribunales Federales.


Situación de derechos humanos en Mendoza


1.1 Desde que el Juez Federal retoma la investigación de estas causas en abril de 2006 (nótese que con su declaración de incompetencia se perdieron cinco meses de instrucción) hasta el día de la fecha (marzo de 2010) el número de causas se incrementó de las 49 originarias a un total de 115 causas, de las cuales sólo 18 fueron elevadas a juicio en cuatro años.

1.2 De las que aún están en instrucción, 56 causas(es decir, más de la mitad) aún no tienen procesamientos, quedando medidas por producir e imputaciones que resolver en la mayor parte de ellas. Cabe resaltar que de las 56 causas referenciadas, sólo 11 corresponden a denuncias y compulsas formadas durante el año 2009 y 2010; las demás son anteriores y algunas de ellas llevan más de 4 años en etapa de investigación.

2. Panorama en la Cámara de Apelaciones
2.1 En diciembre de 2008, la Cámara Federal resolvió excarcelar a los miembros de Policía Federal, Policía de Mendoza y Ejército procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (tres de ellos –Dopazo, Smaha y Fernández- habían sido requeridos a juicio para entonces,)con fundamento en un fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal conocido como “Plenario Díaz Bessone”, cuya aplicación por parte de la Cámara Federal se ha limitado exclusivamente a estas causas evidenciando un empleo arbitrario y discriminatorio de la jurisprudencia vinculante que sólo encuentra razón en la defensa ideológica de tan aberrantes crímenes.

2.2 Debido a ello es que en esa oportunidad los organismos de derechos humanos que querellan estas causas presentaron una denuncia por mal desempeño de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones (integrada por los Dres. Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra) ante el Consejo de la Magistratura, solicitando además el apartamiento de los mismos en los autos sujetos a su revisión. Cabe resaltar que González Pereyra fue acusado en San Luis por encubrimiento del delito de torturas en el juicio seguido por el asesinato de Graciela Fiocchetti, y luego renunció a su cargo. Desde entonces y hasta el mes de diciembre de 2009, la Cámara dejó de funcionar como tribunal ad quem (de segunda instancia) en relación a todas las causas por violaciones a los derechos humanos acaecidas en las provincias de su jurisdicción (Mendoza, San Juan y San Luis) a la espera de la decisión sobre su integración (sobre lo cual se expidieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero, y la Cámara Nacional de Casación después), generando un año de atraso y paralizando la consecución del proceso. Aún más, en el mes de diciembre se conformó el tribunal con los antiguos integrantes (López Cuitiño a quien le fue rechazada su propia excusación y Petra, cuya recusación no prosperó) y el Juez jubilado Enrique Sosa Arditti, cuyo hijo Daniel es el defensor de uno de los sindicados como responsable de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el ex comisario Carlos Rico Tejeiro quien fuera reconocido por ex presos y presas políticas.

2.3 Esta “nueva” Cámara, en su primera intervención, volvió a resolver sobre la excarcelación de 15 represores en Mendoza, todos los cuales quedaron en libertad, declarándose incompetente solo en relación a Celustiano Lucero, acusado como presunto autor del homicidio de Francisco Urondo, quien a la fecha es uno de los pocos represores detenidos a disposición de la Justicia Federal de Mendoza.

2.4 En febrero de este año, ha sido presentada por los querellantes una nueva recusación, esta vez en relación al Dr. Sosa Arditti por temor de parcialidad, continuando pendientes de resolución más de 40 apelaciones.

2.5 Otros dos integrantes de la Cámara de Apelaciones, Luis Francisco Miret y Otilio Roque Romano han sido denunciados solicitándose el Juicio Político para ambos en razón de su actuación como Juez y Fiscal, respectivamente, en los años de la dictadura cuando se dejaron de investigar la privación de liberad y torturas denunciadas por una menor de edad y se utilizó una declaración obtenida bajo tortura como prueba en otro expediente. En una tercera causa, Romano solicitó el archivo señalando que dado el tiempo transcurrido no podían comprobarse las torturas denunciadas, aunque ya habían sido constatadas en el Penitenciaría provincial y formaban parte del expediente.

2.6 La primera causa que fue elevada a juicio guarda relación con la desaparición de Lidia De Marinis y llegó al Tribunal Oral N°1 de Mendoza, en diciembre de 2008 pese a que fueron tachados de nulidad los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de la querella y el auto de elevación a juicio, por lo cual debió transcurrir un tiempo más hasta que finalmente quedó radicada. A la fecha, son 18 las causas que están acumuladas a la espera del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza.

2.7 Habiéndose fijado fecha para la iniciación del debate el día 11 de marzo pasado, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a la recusación del Juez Juan Antonio González Macías, presentada por la defensoría oficial. Esta decisión se basa en su actuación como miembro de la Cámara Federal que en la década del ´80 intervino en estas causas, aunque en estricto rigor la Sala A de la cual González Macías formaba parte, tuvo a su cargo la investigación de hechos acaecidos en las provincias de San Juan y San Luis, ajenos al objeto de este juicio.

2.8 A raíz de ello, la defensa de los procesados ha solicitado la nulidad de todo lo actuado, con lo cual se retrotraería todo a diciembre del 2008.

martes, 23 de marzo de 2010

23 de marzo: ¡a inundar correos de Romano, López, Petra y Bento, contra la impunidad de represores en Mendoza!


Queridos amigos, los organismos de Derechos Humanos de Mendoza necesitamos su ayuda y la de todos sus contactos, sobre todo si esos contactos son de otras provincias y del exterior. El día 23 los correos que figuran abajo deben recibir miles y miles de mails; más abajo encontraran el por qué necesitamos saturarles las casillas a los jueces.

El 11 de marzo de este año debió ser el día en que comenzaran los juicios en Mendoza contra los genocidas. No sucedió porque la complicidad de la Justicia con la dictadura quedó una vez más a la vista.

Hemos decidido hacerles llegar a todos nuestros amigos estos documentos que explican someramente la situación para que ustedes comprendan cómo estamos. El pedido que les hacemos es que el 23 de marzo envíen sin falta a los siguientes correos el texto que proponemos. Necesitamos que desde todas partes del mundo les hagan saber a los jueces que están siendo observados y que Mendoza reclama ¡Justicia ya!

Enviar a: otilio.romano@pjn.gov.arp
alfredo.lopez@pjn.gov.ar
julio.petra@pjn.gov.ar
walter.bento@pjn.gov.ar

Texto: A 34 años del genocidio nos sumamos y solidarizamos con quienes reclaman ¡Justicia Ya en Mendoza!

Se pide reenviar a amigos personales, a los organismos, asociaciones, etc. este reclamo de justicia, solicitándoles que todos se dirijan a los correos de estos jueces.

Estamos tod@s convocad@s a la Marcha del 24 de marzo a partir de las 18.30 en el Km0 que concluirá frente a Tribunales Federales.


Situación de derechos humanos en Mendoza


1.1 Desde que el Juez Federal retoma la investigación de estas causas en abril de 2006 (nótese que con su declaración de incompetencia se perdieron cinco meses de instrucción) hasta el día de la fecha (marzo de 2010) el número de causas se incrementó de las 49 originarias a un total de 115 causas, de las cuales sólo 18 fueron elevadas a juicio en cuatro años.

1.2 De las que aún están en instrucción, 56 causas(es decir, más de la mitad) aún no tienen procesamientos, quedando medidas por producir e imputaciones que resolver en la mayor parte de ellas. Cabe resaltar que de las 56 causas referenciadas, sólo 11 corresponden a denuncias y compulsas formadas durante el año 2009 y 2010; las demás son anteriores y algunas de ellas llevan más de 4 años en etapa de investigación.

2. Panorama en la Cámara de Apelaciones
2.1 En diciembre de 2008, la Cámara Federal resolvió excarcelar a los miembros de Policía Federal, Policía de Mendoza y Ejército procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (tres de ellos –Dopazo, Smaha y Fernández- habían sido requeridos a juicio para entonces,)con fundamento en un fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal conocido como “Plenario Díaz Bessone”, cuya aplicación por parte de la Cámara Federal se ha limitado exclusivamente a estas causas evidenciando un empleo arbitrario y discriminatorio de la jurisprudencia vinculante que sólo encuentra razón en la defensa ideológica de tan aberrantes crímenes.

2.2 Debido a ello es que en esa oportunidad los organismos de derechos humanos que querellan estas causas presentaron una denuncia por mal desempeño de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones (integrada por los Dres. Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra) ante el Consejo de la Magistratura, solicitando además el apartamiento de los mismos en los autos sujetos a su revisión. Cabe resaltar que González Pereyra fue acusado en San Luis por encubrimiento del delito de torturas en el juicio seguido por el asesinato de Graciela Fiocchetti, y luego renunció a su cargo. Desde entonces y hasta el mes de diciembre de 2009, la Cámara dejó de funcionar como tribunal ad quem (de segunda instancia) en relación a todas las causas por violaciones a los derechos humanos acaecidas en las provincias de su jurisdicción (Mendoza, San Juan y San Luis) a la espera de la decisión sobre su integración (sobre lo cual se expidieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero, y la Cámara Nacional de Casación después), generando un año de atraso y paralizando la consecución del proceso. Aún más, en el mes de diciembre se conformó el tribunal con los antiguos integrantes (López Cuitiño a quien le fue rechazada su propia excusación y Petra, cuya recusación no prosperó) y el Juez jubilado Enrique Sosa Arditti, cuyo hijo Daniel es el defensor de uno de los sindicados como responsable de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el ex comisario Carlos Rico Tejeiro quien fuera reconocido por ex presos y presas políticas.

2.3 Esta “nueva” Cámara, en su primera intervención, volvió a resolver sobre la excarcelación de 15 represores en Mendoza, todos los cuales quedaron en libertad, declarándose incompetente solo en relación a Celustiano Lucero, acusado como presunto autor del homicidio de Francisco Urondo, quien a la fecha es uno de los pocos represores detenidos a disposición de la Justicia Federal de Mendoza.

2.4 En febrero de este año, ha sido presentada por los querellantes una nueva recusación, esta vez en relación al Dr. Sosa Arditti por temor de parcialidad, continuando pendientes de resolución más de 40 apelaciones.

2.5 Otros dos integrantes de la Cámara de Apelaciones, Luis Francisco Miret y Otilio Roque Romano han sido denunciados solicitándose el Juicio Político para ambos en razón de su actuación como Juez y Fiscal, respectivamente, en los años de la dictadura cuando se dejaron de investigar la privación de liberad y torturas denunciadas por una menor de edad y se utilizó una declaración obtenida bajo tortura como prueba en otro expediente. En una tercera causa, Romano solicitó el archivo señalando que dado el tiempo transcurrido no podían comprobarse las torturas denunciadas, aunque ya habían sido constatadas en el Penitenciaría provincial y formaban parte del expediente.

2.6 La primera causa que fue elevada a juicio guarda relación con la desaparición de Lidia De Marinis y llegó al Tribunal Oral N°1 de Mendoza, en diciembre de 2008 pese a que fueron tachados de nulidad los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de la querella y el auto de elevación a juicio, por lo cual debió transcurrir un tiempo más hasta que finalmente quedó radicada. A la fecha, son 18 las causas que están acumuladas a la espera del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza.

2.7 Habiéndose fijado fecha para la iniciación del debate el día 11 de marzo pasado, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a la recusación del Juez Juan Antonio González Macías, presentada por la defensoría oficial. Esta decisión se basa en su actuación como miembro de la Cámara Federal que en la década del ´80 intervino en estas causas, aunque en estricto rigor la Sala A de la cual González Macías formaba parte, tuvo a su cargo la investigación de hechos acaecidos en las provincias de San Juan y San Luis, ajenos al objeto de este juicio.

2.8 A raíz de ello, la defensa de los procesados ha solicitado la nulidad de todo lo actuado, con lo cual se retrotraería todo a diciembre del 2008.