ESTA JUSTICIA ES UNA VERGÜENZA

Con este título los organismos de derechos humanos de Mendoza dieron a conocer un documento en el que se repudia la actitud de la justicia federal en esta provincia, que decidió, una vez más, postergar la iniciación de juicios a los genocidas que tuvieron responsabilidad en la zona por el terrorismo de Estado de la dictadura del '76.
Este documento se dio a conocer este último jueves ante los tribunales federales y una gran cantidad de público acudió a la convocatoria de los organismos para acompañarlos al repudio público que se hizo. Al presentar y ser leído el documento, dijimos que también se lo pudiera titular como “La justicia maldita”, o “Complicidad con los genocidas”, “Lacras de la familia judicial”, “No hay leyes de impunidad pero hay jueces, camaristas y fiscales que las reproducen”. Cualquier concepto o adjetivo en el marco del derecho, de lo social, de lo político e ideológico, filosófico, incluso del vituperio más pedestre, como se quiera, no pueden reproducir tanta indignación acumulada que se expresara durante la concentración. No se pueden reproducir los rostros indignados y apesadumbrados de las decenas de familiares de las víctimas una vez más heridas por el dolor de siempre y por lo que sentían –siguen sintiendo – como burla y oprobio a la memoria de sus seres queridos. Y quienes acompañamos desde la más auténtica solidaridad, con iguales sentimientos y la bronca que apenas alcanza para abrazar tanto dolor expresados en rostros, pero a la vez en espíritus incólumes en la no menguada decisión de seguir exigiendo verdad y justicia.

En el texto del documento se afirma: "Hoy 11 de marzo del 2010 debían empezar los juicios por los crímenes perpetrados durante la dictadura militar, aquí, en estos Tribunales Federales en Mendoza. En cambio, estamos presentes para gritar nuestra indignación por esta nueva postergación. Los organismos de Derechos Humanos sentimos como un agravio, un insulto a la memoria de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros y compañeras que hace más de 30 años esperan lusticia. Otro golpe artero a nuestra paciencia y a la espera de llegar a la verdad.

"Ahora, ...fueron los defensores oficiales, pagados con los dineros de todos nosotros, los encargados de utilizar argucias para conseguir dilatar las audiencias. Saben que las pruebas contra los represores son incontestables, sus protegidos van a ser condenados, entonces esgrimen cualquier voltereta para evitar que sean sentados en el banquillo de los acusados. Estos doctores ponen especial celo en observar las actuaciones cuando se trata de delitos de lesa humanidad, con el fin de beneficiar a los represores, mientras se pudren en la cárcel los detenidos comunes que no tienen plata para pagar abogado y deben al defensor oficial.

"Conocedores de los vericuetos, con argumentos falsos, consiguieron que una semana antes de la iniciación de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, se destituya al presidente del Tribunal Oral y ahora van por más, pues piden la nulidad de todo lo actuado desde el 2008. Vuelta atrás para dilatar una y otra vez los juicios. Pero nosotros llegamos aquí para recordarles que estamos entrenados para luchar contra los atropellos de ayer y de hoy.

"Esta cofradía de malhechores, ahora apuestan a la impunidad cronológica: aspiran a que los genocidas puedan morir sin manchas, sin tener que responder por nada, sin condenas. Así sucedió con Dopazo, jefe de Inteligencia de la 8va. Brigada, encargado de señalar a quién secuestrar o detener (asesinar) imputado en todas las causas que deberían iniciarse hoy. Falleció recientemente en Buenos Aires, sin que lo rozara la justicia.

"Hoy debían comenzar los juicios, a estas horas estaríamos escuchando el requerimiento de elevación a juicios de dieciocho causas, que cuentan de veintiuna desapariciones, cuatro asesinatos y tres detenciones ilegales acaecidas en la etapa más sangrienta de la dictadura. Sin embargo, nada, ni señal de la justicia". Firman Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, MEDH, Madres de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Presas y Presos Políticos, HIJOS, Casa por la Memoria, y Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Por parte de los abogados querellantes se ha planteado un recurso extraordinario para que se reviera la decisión en la Corte de la Nación. Algunos de los imputados son el ex interventor en Mendoza, el coronel Tamer Yapur; el ex-jefe del G2 (inteligencia del ejército) Orlando Dopazo (fallecido recientemente); el segundo jefe del D2 (inteligencia de la policía), Juan Oyarzábal y el subjefe de la Zona 33, general Mario Lépori.

Defensores de los genocidas son Verónica Romano, hija de uno de los camaristas acusado penalmente por su actuación durante la dictadura; Pirrello, Andrea Malisa Duranti, hija de un conocido político radical; y J. Amuchástegui, quienes no solamente tratan de salvar a sus defendidos, sino que, para ello recurren a los textos de los códigos y muy expresivamente se identifican con la ideología represora y genocida de sus protegidos. Su recurrencia a las chicanas leguleyas tienen que ver con ese íntimo vínculo con la esencia putrefacta de sus defendidos.

No es posible desligar estas injustificadas decisiones en el marco de la justicia si no se analiza la realidad política e institucional de este momento en que aparece nítidamente una arremetida de los sectores más retrógrados y poderosos de nuestra sociedad contra el gobierno. Hasta hace cuatro años atrás, había guiños de aquiescencias a la política de derechos humanos que implementaba el gobierno. Seguramente que a regañadientes por parte de una estructura judicial que para nada había sido debilitada en los pliegues del Estado y que seguía siendo proclive a asegurar los intereses del estableshiment en el marco de las leyes. Y claro, debilitado y enjuiciado el poder político oficial – el gobierno – se ha visto cómo el quehacer político se ha judicializado a tono con aquellos intereses. No es difícil, entonces, entender que la justicia es una balanza oscilante, según para donde caliente el sol. Para quienes representan, en gran parte, al Poder Judicial; para quienes fueron – y sus herederos actuales – jueces, camaristas y fiscales que debieron jurar por las "Actas" del mal llamado proceso que sustituía a la Constitución, fueron – y siguen siendo – por temor, o por lo que sea, vergonzantes responsables de la represión y el genocidio.

Ramón Abalo